Independencia Judicial: fortaleza de la Democracia


Este año se conmemora el 70 aniversario de la promulgación de Constitución Política de Costa Rica, la cual prevé a la “Independencia Judicial” como uno de sus principios fundamentales.

Esta independencia es un componente esencial del derecho a un juicio imparcial y respeto por los derechos humanos y fundamentales de todas las personas, por ello afirmamos que Costa Rica es un Estado Constitucional y Social de Derecho, tal y como lo ha indicado en forma reiterada la Sala Constitucional costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho y de los derechos de las personas. Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por la ciudadanía como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas.

La Democracia requiere jueces y juezas independientes y probos que asuman sus deberes con responsabilidad, objetividad y con apego a nuestro ordenamiento jurídico.

La Independencia Judicial se constituye en un derecho humano no dirigido únicamente a la persona juzgadora como sujeto de derechos y obligaciones, sino es una garantía para hombres, mujeres, niños, niñas y persona joven, es decir para la sociedad democrática que aspira convivir en un Estado Constitucional de Derecho, por ello tiene una dimensión individual y colectiva.

Un mejor gobierno judicial asegura una mejor Democracia y asegura la fortaleza de la institucionalidad.

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